EL ENCARGO CIUDADANO PROSPERA

POR: FRANKLIN MANTILLA P.

El proceso de restauración de  la institucionalidad del país, por decisión popular, luego de  aprobación en consulta popular realizada el 4 de febrero del 2018, avanza, quedan ya muy pocos amigos inefables del ex presidente, cuyo nombre no quiero recordar, dentro de las instituciones de poder del Estado. Ahora le tocó el turno a la Corte Constitucional de entrar al proceso de evaluación por parte del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Transitorio (CPCCS-T), coincidencia o no,  esta Corte derogó  el 1 de agosto del presente, doce de las enmiendas, aprobadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015; entre otras, en materia de comunicación, fue derogada  la declaratoria de la comunicación como un servicio público, la cual consta en el artículo 384, hecha por el ex presidente de aquella renombrada década.

A propósito de esta derogatoria, el gobierno plantea el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y envía a la Asamblea 80 artículos y 6 disposiciones para su  revisión, entre las que consta la supresión o eliminación de la SUPERCOM, institución creada, para controlar  los medios, a la medida del gobierno anterior, lo que  dio como resultado la persecución desmesurada de quienes pensaban  diferente; así como  la sanción  a periodistas y el cierre de  medios de comunicación que no coincidían con su línea política.

Lo importante, en la aprobación de la nueva Ley de Comunicación, será, buscar  el camino mediante el debate, que las reformas que se discutan  siempre se enmarquen  en solucionar  los problemas de la anterior ley  y tratarlos  con responsabilidad, sin agotar esfuerzos, hasta llegar a los mecanismos idóneos de concertación, incluso consolidar los espacios para una verdadera libertad de expresión de respeto y tolerancia, además  de  garantizar  también a los ciudadanos de un contenido por parte de los medios en función de contribuir a su  formación y desarrollo, en concordancia con la  democratización de la comunicación.

Ahora, las reformas enviadas por el Ejecutivo se hallan  en manos de  La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, quienes tramitarán, emitirán un pronunciamiento para posterior ingresar al pleno para un primer debate. Esperamos que toda esta tramitología sirva para concertar, dialogar y consolidar el estado de verdadera libertad de expresión, adaptándole a las normas o estándares internacionales que rigen en la comunidad internacional democrática.

 

2018-08-29T19:43:41+00:00

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